A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, se cuestionaba al contractualismo[1] el plantear que el Estado debía basarse en un acuerdo entre individuos, por entenderse que la noción de Estado era algo demasiado elevado para ser fundamentado de esa manera. La crítica surgió como resultado de las doctrinas historicistas[2] (Hegel) y utilitaristas[3] (Mill) para quienes la sociedad política no era un ámbito de acuerdo entre iguales sino un ámbito de competencia.
Desde otro lugar, el modelo económico clasista entendió al Estado como reflejo de las estructuras económicas e instrumento de dominación de una clase sobre otra. Estas ideas se opusieron a la teoría política liberal que presentaban a la política como una forma autónoma e independiente de los fundamentos económicos y sociales, quienes daban curso a ese Estado.
Esta interpretación concebía al Estado como una manifestación de las relaciones de dominación que se habían dado a lo largo de la Historia en el marco de la sociedad capitalista. La economía como base de la sociedad civil se entendía que determinaba al conjunto de las relaciones sociales y, por ende, al Estado (Finocchio, 1993).
Carlos Marx pensó de manera diferente la relación Estado-sociedad civil. En su teoría era la sociedad-civil la que en un determinado momento por sus conflictos produjo al Estado, el que seguiría siendo un lugar de los intereses particulares y no de la voluntad general. Para la tradición leninista el Estado era el comité de administración de los negocios de la burguesía. Marx criticaba la distinción entre hombre y ciudadano que remite a la sociedad civil y a la sociedad política respectivamente y que viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada en la Revolución Francesa. El derecho del ciudadano tiene un carácter doble porque remite a una igualdad formal que oculta la desigualdad real. Las leyes son iguales para todos, pero no todos son iguales. En consecuencia, sería desigualitaria porque no reconoce esas desigualdades. Si la Declaración de Derechos no libera al hombre concreto sino al ciudadano abstracto. ¿Hay emancipación entonces?
La concepción economicista marxista coloca a la base directamente sobre la superestructura sin la necesidad de “garantía” de esta en última instancia, por eso propone la abolición del Estado burgués y capitalista. También desde el marxismo, Gramsci, rescata la acción política, concibiendo al Estado no como un instrumento represivo sino sobre todo como constructor de consenso que dejaría espacios para la construcción de contrahegemonías en la superestructura. El Estado no es interpretado como una herramienta de la clase dominante sino como el producto de una correlación de fuerzas que abarca a toda la sociedad.
En América Latina, las teorías del desarrollo[4] (liberalismo) y dependencia[5] (marxismo) visualizaron a lo político como espacio conflictivo, atribuyéndole a esa esfera capacidad de mediación para la resolución de los mismos.
[1] El Estado es el resultado de un contrato original entre personas en el que se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que defiendan al cuerpo social. Sus máximos exponentes fueron Hobbes, Locke y Rousseau.
[2] La humanidad, los fenómenos sociales y las sociedades tienen una historicidad.
[3] Doctrina filosófica que hace de la utilidad un principio moral.
[4] El Estado debe cumplir un rol importante como orientador de políticas económicas y estimulador de inversión, a la vez que administrador de un gasto público orientado a la modernización económica. Inspirado en la teoría keynesiana, fue teoría de aplicación durante la presidencia de Arturo Frondizi.
[5] El desarrollo y el subdesarrollo son dos caras de una misma moneda que deben explicarse en el marco de las relaciones centro-periferia. Es el sistema capitalista el que genera ambas condiciones.
Imagen: Teoría del estado | Concepto y elementos que la componen (wikieconomica.com)
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Resumido y adaptado de FINOCCHIO, Silvia, Enseñar ciencias sociales, Troquel, Buenos Aires, 1993.
