En un documento del Banco Mundial, elaborado a partir de una misión que visitó el país entre noviembre de 1991 y octubre de 1992 (Banco Mundial: Argentina. From insolvency to growth, 1993), el organismo recomendaba “para hacer más atractiva la venta de empresas públicas”, un programa oficial con los siguientes cinco mandatos:
1. La absorción de la mano de obra excedente.
2. La incorporación de la totalidad de la deuda de las empresas.
3. La reducción de la mano de obra, que se estimaba en 95.200 personas, representando un achique en alrededor del 37 por ciento de los niveles de empleados a junio de 1991.
4. Las privatizaciones deben usarse para pagar la deuda pública.
5. Los precios y tarifas deben ser a precios internacionales y la indexación debe ajustarse con el índice de precios de Estados Unidos.
Como en tantos otros campos, la Argentina fue, por lejos, el mejor alumno de la región y de los países que se denominaban emergentes. A fines de los ‘80, las empresas públicas prestadoras de servicios empleaban alrededor de 230 mil personas (equivalente a más del 2 por de la Población Económicamente Activa), mientras que a fines de los ‘90 las privatizadas ocupaban a 76 mil trabajadores (0,1 por ciento de la PEA).
En línea con esas “recomendaciones” del BM, el Estado se hizo cargo de casi la totalidad del abultado endeudamiento externo que tenían las empresas públicas. Engrosado ese pasivo, en buena medida, en el período pre-privatizador como instrumento para convalidar socialmente la “ineficiencia estatal” en la administración de los bienes públicos. Y, por esa vía, justificar la política privatizadora. Al recibir empresas sin pasivos, los consorcios adjudicatarios pudieron encarar un importante ciclo de endeudamiento externo, que fue la contrapartida de las cuantiosas ganancias registradas. Ahora, proponen cerrar ese ciclo mediante la estatización de las deudas o la instrumentación de desmedidos aumentos tarifarios para pagar esos pasivos.
(…) En otro trabajo reciente del Banco Mundial se señala que “las tarifas no deberían ser establecidas… en moneda extranjera”. También se afirma que ante una devaluación ni el Gobierno ni los usuarios de un país deben asumir el llamado “riesgo cambiario”, sino las privatizadas. “El riesgo no debería ser traspasado al Gobierno. Tampoco a los consumidores, que no ejercen ninguna influencia sobre el tipo de cambio, ni sobre la posibilidad de que los inversores recurran a mecanismos de financiamiento excesivamente expuestos al riesgo cambiario. Más aún, los consumidores carecen de resguardo natural contra el riesgo de fluctuación cambiaria, así como de alternativas realistas para cubrirse o diversificar el riesgo. Por cierto, dado que el tipo de cambio suele devaluarse en períodos de crisis macroeconómica, la capacidad de los consumidores para afrontar tarifas más elevadas tenderá a ser menor precisamente cuando el tipo de cambio se hubiere devaluado”, sostienen en otro documento del Banco Mundial, P. Gray y T. Irwin: “Allocating exchange rate risk in private infrastructure contracts”, de junio 2003.
Editado de Zaiat, Alfredo, «Yo no fui», Página 12, Suplemento Cash, 3/08/03.