por el Prof. Alejandro Héctor Justiparán
La batalla de Caseros (3/2/1852) significó no sólo la derrota y el exilio de Juan Manuel de Rosas, sino también el desafío de reemplazar a la organización nacional existente por otra constitucional. Buenos Aires y las provincias debían sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones, intentando zanjar diferencias políticas y económicas que hasta ese momento parecían irreconciliables. A continuación, el texto del Acuerdo, su análisis, contexto y consecuencias.
Designado Gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires el doctor Vicente López y Planes[1], el General Justo José de Urquiza –vencedor de Caseros- creyó necesario legitimar la nueva situación y convocó a los gobernadores a trabajar en pos de una nueva organización para la Confederación.
El Pacto Federal de 1831 que hasta ese momento le había dado el soporte legal a la Confederación Argentina (a falta de una Constitución que lo hiciera), será el punto de partida para el proyecto de Construcción del Estado nacional. Urquiza queda a cargo de las relaciones exteriores y de la convocatoria a las demás provincias a una reunión de gobernadores en San Nicolás de los Arroyos (en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe).
ACUERDO DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
1º de junio de 1852 (por pedido de Urquiza, se firma con fecha 31 de mayo de 1852 para que la conmemoración del presente acuerdo entre en los de la Semana de Mayo)
Los infrascriptos, Gobernadores y Capitanes Generales de las Provincias de la Confederación Argentina, reunidos en la cuidad de San Nicolás de los Arroyos por invitación especial del Excmo. Señor Encargado de las Relaciones Exteriores de la República, Brigadier General D. Justo José Urquiza[2], a saber el mismo Exmo. Señor General Urquiza como Gobernador de la Provincia de Entre-Ríos, y representando la de Catamarca, por Ley especial de esta Provincia el Exmo. Señor Dr. D. Vicente López, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; el Excmo. Señor General D. Benjamín Virasoro, Gobernador de la Provincia de Corrientes; el Exmo. Señor General D. Pablo Lucero, Gobernador de la Provincia de San Luis; el Exmo. Señor General D. Nazario Benavides, Gobernador de la Provincia de San Juan; el Exmo. Señor General D. Celedonio Gutiérrez, Gobernador de la Provincia de Tucumán; el Exmo. Señor D. Pedro Pascual Segura, Gobernador de la Provincia de Mendoza; el Exmo. Señor D. Manuel Taboada, gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, el Exmo. Señor D. Manuel Vicente Bustos, Gobernador de la Provincia de La Rioja; el Exmo. Señor D. Domingo Crespo, Gobernador de la Provincia de Santa- Fé. Teniendo por objeto acercar el día de la reunión de un Congreso General que, con arreglo a los tratados existentes, y al voto unánime de todos los Pueblos de la República ha de sancionar la constitución política que regularice las relaciones que deben existir entre todos los pueblos argentinos[3], como pertenecientes a una misma familia; que establezca y defina los altos poderes nacionales y afiance el orden y prosperidad interior; y la respetabilidad exterior de la Nación.
Siendo necesario allanar previamente las dificultades que puedan ofrecerse en la práctica, para la reunión del Congreso, proveer a los medios más eficaces de mantener la tranquilidad interior, la seguridad de la República y la representación de la Soberanía durante el periodo constituyente[4].
Teniendo presente las necesidades y los votos de los Pueblos que nos han confiado su dirección, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y de toda justicia. Hemos concordado y adoptado las resoluciones siguientes:
1ª.
Siendo una Ley fundamental de la República, el Tratado celebrado en 4 de Enero de 1831[5], entre las Provincias de Buenos Aires, Santa-Fé y Entre-Ríos por haberse adherido a él, todas las demás Provincias de la Confederación, será religiosamente observado en todas sus cláusulas, y para mayor firmeza y garantía queda facultado el Exmo. Señor Encargado de las Relaciones Exteriores, para ponerlo en ejecución en todo el territorio de la República.
2ª.
Se declara que, estando en la actualidad todas las Provincias de la República, en plena libertad y tranquilidad, ha llegado el caso previsto en el artículo 16[6] del precitado Tratado, de arreglar por medio de un Congreso General Federativo, la administración general del País, bajo el sistema federal; su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales, el pago de la deuda de la República, consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento de la República, su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las Provincias.
3ª.
Estando previstos en el artículo 9[7] del Tratado referido, los arbitrios que deben mejorar la condición del comercio interior y reciproco de las diversas provincias argentinas; y habiéndose notado por una larga experiencia los funestos efectos que produce el sistema restrictivo seguido en alguna de ellas, queda establecido: que los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los penados de toda especie que pasen por el territorio de una Provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito[8], siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten: y que ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.
4ª.
Queda establecido que el Congreso General Constituyente, se instalará en todo el mes de Agosto próximo venidero; y para que esto pueda realizarse, se mandará hacer desde luego en las respectivas Provincias, elección de los Diputados que han de formarlo, siguiéndose en cada una de ellas las reglas establecidas por la Ley de elecciones, para los Diputados de las Legislaturas Provinciales.
5ª.
Siendo todas las provincias iguales en derechos, como miembros de la Nación, queda establecido que el Congreso Constituyente se formará con dos Diputados por cada Provincia[9].
6ª.
El Congreso sancionará la Constitución Nacional, a mayoría de sufragios; y como para lograr este objeto seria un embarazo insuperable, que los Diputados trajeran instrucciones especiales[10], que restringieran sus poderes, queda convenido, que la elección se hará sin condición ni restricción alguna; fiando a la conciencia, al saber y el patriotismo de los Diputados, el sancionar con su voto lo que creyesen más justo y conveniente, sujetándose a lo que la mayoría resuelva, sin protestas ni reclamos.
7ª.
Es necesario que los Diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales, para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende[11]: que estén persuadidos que el bien de los Pueblos no se ha de conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional, regular y justo: que estimen la calidad de ciudadanos argentinos, antes que la de provincianos. Y para que esto se consiga, los infrascriptos usarán de todos sus medios para infundir y recomendar estos principios y emplearán toda su influencia legítima, a fin de que los ciudadanos elijan a los hombres de más probidad y de un patriotismo más puro e inteligente.
8ª.
Una vez elegidos los Diputados e incorporados al Congreso, no podrán ser juzgados por sus opiniones, ni acusados por ningún motivo, ni autoridad alguna; hasta que no esté sancionada la Constitución. Sus personas serán sagradas e inviolables, durante este periodo. Pero cualquiera de las Provincias podrá retirar sus Diputados cuando lo creyese oportuno; debiendo en este caso sustituirlos inmediatamente.
9ª.
Queda a cargo del Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación el proveer a los gastos de viático y dieta de los Diputados.
10ª.
El Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación instalará y abrirá las Sesiones del Congreso, por si o por un delegado, en caso de imposibilidad; proveer a la seguridad y libertad de sus discusiones; librará los fondos que sean necesarios para la organización de las oficinas de su despacho, y tomará todas aquellas medidas que creyere oportunas para asegurar el respeto de la corporación y sus miembros.
11ª.
La convocación del Congreso se hará para la Ciudad de Santa Fe[12], hasta que reunido e instalado, él mismo determine el lugar de su residencia.
12ª.
Sancionada la Constitución y las Leyes orgánicas que sean necesarias para ponerla en práctica, será comunicada por el Presidente del Congreso, al Encargado de las Relaciones Exteriores, y éste la promulgará inmediatamente como ley fundamental de la Nación haciéndola cumplir y observar. En seguida será nombrado el primer Presidente Constitucional de la República, y el Congreso Constituyente cerrara sus sesiones, dejando a cargo del Ejecutivo poner en ejercicio las Leyes orgánicas que hubiere sancionado.
13ª.
Siendo necesario dar al orden interior de la República, a su paz y respetabilidad exterior, todas la garantías posibles, mientras se discute y sanciona la Constitución Nacional, los infrascriptos emplearán por si cuantos medios estén en la esfera de sus atribuciones, para mantener en sus respectivas Provincias la paz pública, y la concordia entre los ciudadanos de todos los partidos, previniendo o sofocando todo elemento de desorden o discordia; y propendiendo a los olvidos de los errores pasados y estrechamiento de la amistad de los Pueblos Argentinos.
14ª.
Si, lo que Dios no permita, la paz interior de la República fuese perturbada por hostilidades abiertas entre una ú otra Provincia, o por sublevaciones dentro de la misma Provincia, queda autorizado el Encargado de las Relaciones Exteriores para emplear todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le sugieran, para restablecer la paz, sosteniendo las autoridades, legalmente constituidas, para lo cual, los demás Gobernadores, prestarán su cooperación y ayuda en conformidad al Tratado de 4 de enero de 1831[13].
15ª.
Siendo de la atribución del Encargado de las Relaciones Exteriores representar la Soberanía y conservar la indivisibilidad nacional, mantener la paz interior, asegurar las fronteras durante el período Constituyente, y defender la República de cualquiera pretensión extranjera, y velar sobre el exacto cumplimiento del presente Acuerdo, es una consecuencia de estas obligaciones, el que sea investido de las facultades y medios adecuados para cumplirlas. En su virtud, queda acordado, que el Excmo. Señor General D. Justo José Urquiza, en el carácter de General en Jefe de los Ejércitos de la Confederación, tenga el mando efectivo de todas las fuerzas militares que actualmente tenga en pie cada Provincia, las cuales serán consideradas desde ahora como partes integrantes del Ejército Nacional. El General en Jefe destinará estas fuerzas del modo que lo crea conveniente al servicio nacional, y si para llenar sus objetos creyere necesario aumentarlas, podrá hacerlo pidiendo contingentes a cualquiera de las provincias, así como podrá también disminuirlas si las juzgare excesivas en su numero ú organización.
16ª.
Será de las atribuciones del Encargado de las Relaciones Exteriores, reglamentar la navegación de los ríos interiores de la República, de modo que se conserven los intereses y seguridad del territorio y de las rentas fiscales, y lo será igualmente la Administración General de Correos, la creación y mejora de los caminos públicos, y de postas de bueyes para el transporte de mercaderías.
17ª.
Conviniendo para la mayor respetabilidad y acierto de los actos del Encargado de las Relaciones Exteriores en la dirección de los negocios nacionales durante el período Constituyente, el que haya establecido cerca de su persona un Consejo de Estado, con el cual pueda consultar los casos que le parezcan graves: quedando facultado el mismo Exmo. Señor para constituirlo nombrando a los ciudadanos argentinos que por su saber y prudencia, puedan desempeñar dignamente este elevado cargo, sin limitación de número.
18ª.
Atendidas las importantes atribuciones que por este Convenio recibe el Excmo. Señor Encargado de las Relaciones Exteriores, se resuelve: que su título sea de Director Provisorio de la Confederación Argentina[14].
19ª.
Para sufragar a los gastos que demanda la administración de los negocios nacionales declarados en este acuerdo, las Provincias concurrirán proporcionalmente con el producto de sus Aduanas exteriores, hasta la instalación de las autoridades constitucionales, a quienes exclusivamente competirá el establecimiento permanente de los impuestos nacionales. Del presente Acuerdo se sacarán quince ejemplares de un tenor destinados: uno al Gobierno de cada Provincia y otro al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dado en San Nicolás de los Arroyos, a treinta y un días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos. Justo José Urquiza, por la Provincia de Entre Ríos, y en representación de la de Catamarca; Vicente López; Benjamín Virasoro; Pablo Lucero; Nazario Benavides; Celedonio Gutiérrez; Pedro P. Segura; Manuel Taboada; Manuel Vicente Bustos; Domingo Crespo.
Artículo adicional al Acuerdo celebrado entre los Exmos. Gobernadores de las Provincias Argentinas, reunidas en San Nicolás de los Arroyos.
Los Gobiernos y Provincias que no hayan concurrido al Acuerdo celebrado en esta fecha, o que no hayan sido representados en él, serán invitados a adherir por el Director Provisorio de la Confederación Argentina, haciéndoles a éste respecto las exigencias a que dan derecho el interés y los pactos nacionales. Dado en San Nicolás de los Arroyos, a treinta y un días del mes de Mayo del año mil ochocientos cincuenta y dos. Justo José Urquiza, por la Provincia de Entre Ríos, y en representación de la de Catamarca; Vicente López; Benjamín Virasoro; Pablo Lucero; Nazario Benavides; Celedonio Gutiérrez; Pedro P. Segura; Manuel Taboada; Manuel Vicente Bustos; Domingo Crespo.
A principios de Mayo de 1852, Urquiza manifestó el que hasta ese momento era el esbozo de una nueva organización nacional[15]. La propuesta incluía la federalización de una amplia extensión del territorio provincial, desde Tigre hasta la Ensenada de Barragán, y desde el Río de la Plata al de las Conchas, incorporando a la ciudad de Buenos Aires como residencia de las nuevas autoridades nacionales. Se le quitaba así poder a Buenos Aires al fracturar su territorio y al subordinar a la ciudad a las autoridades nacionales.
El Pacto de San Nicolás fue el último de los pactos preexistentes a los que hace mención el Preámbulo de la Constitución Argentina. En él, se le dio jerarquía de Ley de la Nación al Pacto Federal (art. 1º) y se convocó a un congreso federativo en el que las provincias estrían representadas equitativamente (art. 5º), eliminando las prerrogativas que hasta ese momento había tenido la ciudad-puerto.
Las provincias avalaron la delegación de poderes que se le había otorgado a Urquiza, legitimándolo como autoridad superior, a excepción de Buenos Aires. Su gobernador, López y Planes, elevó a la legislatura bonaerense el texto del Acuerdo que no sería aceptado. Se habría así una nueva etapa de la historia argentina, la de la secesión de Buenos Aires.
[1] Partícipe de la Revolución de Mayo y autor del Himno Nacional.
[2] Cargo al que accede luego de derrotar a Rosas en la batalla de Caseros.
[3] Este fue el objetivo primordial del Acuerdo, el fijar una fecha y un lugar para convocar a un Congreso Constituyente que sancione una Constitución Nacional. Recuérdese que hasta ese momento, las relaciones entre las provincias de la Confederación, estaban reguladas por el Pacto Federal (vigente durante todo el período rosista). Hasta ese momento, en dos oportunidades se había sancionado una constitución, en 1819 (por el Congreso que inició sus reuniones en Tucumán en 1816) y en 1826 (por el Congreso de 1824, durante la presidencia de B. Rivadavia), y en ambos casos, las provincias no las habían aceptado aduciendo –con razón- que favorecían claramente a Buenos Aires.
[4] Se refiere a la organización del gobierno mientras dure el Congreso.
[5] Se refiere al Pacto Federal.
[6]Art. 16. Las atribuciones de esta Comisión serán:
5ª. Invitar á todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, á reunirse en federación con las tres litorales, y á que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales, y el pago de la deuda de la República, consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento general de la República, su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad é independencia de cada una de las provincias.
[7] Art. 9. Los frutos y efectos de cualquier especie que se importen ó exporten del territorio ó puertos de una provincia á otra por agua ó por tierra, no pagarán mas derechos que si fuesen importados por los naturales de la provincia, á donde ó de donde se exportan ó importan.
[8] Se eliminan las restricciones del paso de mercaderías dentro del territorio nacional.
[9] Esta representación equitativa dejaba de lado el principio de proporcionalidad según el número de habitantes (por el cual las provincias más pobladas tendrían más representantes) que había funcionado en los congresos de 1816 y 1824 y que le había asegurado a Buenos Aires una representación numerosa.
[10] Se establece así que los representantes de las provincias no podrán traer un mandato explicito, sino que cada tema deberá ser discutido en sesión y votado por la mayoría. Se evita así, que al tener cada provincia intereses contrapuestos, las discusiones interminables y la falta de consenso.
[11] Los intereses nacionales deben imponerse por sobre los provinciales.
[12] Se fija la sede del Congreso.
[13] Se refiere a la ayuda recíproca entre provincias en caso de agresión interna o exterior, establecida en el Pacto Federal.
[14] Cargo que se le otorga a Urquiza.
[15] Proyecto atribuido a Juan Puyol y que contaba con el apoyo de Santiago Derqui.
IMAGEN: By Rafael del Villar (1873-1952) – La Guía 2000, PD-US, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=30761861
15 Responses to ACUERDO de SAN NICOLÁS de los ARROYOS (1852)