Porque el combate contra la impunidad y el autoritarismo merece nuestro apoyo y solidaridad, reproduzco un artículo publicado por Scott Boehm, en el que alerta acerca del rebrote de ideas fascistas en España en el marco del estado de la causa iniciada por el Juez Baltasar Garzón referido a los delitos de lesa humanidad perpretados en la España franquista.
Cuando España se menciona en el mundo de habla inglesa, imágenes románticas de paisajes mediterráneos, rápidamente vienen a la mente. Suelen ser configurados para una banda sonora inspirada en el flamenco apasionado y se mezclan con la fantasía de tentadora paella, aceite de oliva y el vino de oro rojo rubí. Esto es España la mayor parte de forasteros se imaginan la experiencia, y es en gran medida de lo que la economía española ha dependido desde los años 1960 cuando la dictadura del general Francisco Franco lanzó una campaña masiva de turismo para estimular una economía en dificultades. La campaña fue la materia de milagros económicos. España se convirtió rápidamente en uno de los destinos de vacaciones de primera.
Pero todo el sol en el mundo no puede ocultar el horror que se extiende a la sombra de un país acosado por una guerra reciente que tocó cada aspecto de la vida española. Al menos no para siempre.
En 2000, veinticinco años después de la muerte de Franco, Emilio Silva, un periodista en busca de respuestas a las preguntas sobre la guerra y la relación de su familia que accidentalmente descubrió y exhumó la fosa común donde los restos de su abuelo fueron localizados. El abuelo de Silva, dueño de una tienda humilde y defensor del estado democrático fundado en 1931, fue ejecutado sumariamente por miembros de la Falange -fascistas españoles- junto con doce personas más de su aldea en el norte de España poco después de que Franco y un puñado de generales lanzó un golpe de estado contra la República Española en julio de 1936. Hitler, Mussolini y la Iglesia Católica apoyó a los conspiradores, mientras que Estados Unidos, Inglaterra y Francia hicieron la vista gorda ante la masacre que siguió.
Si bien los acontecimientos de 1936-1939 son conocidos popularmente como «la Guerra Civil Española», el término tergiversa lo que realmente ocurrió. Más que una guerra entre más o menos preparados por igual y del mismo modo dos emparejados lados, fue el exterminio en masa de «Los Rojos», toda persona definida como parte de la «anti-España» por el auto-proclamado, y bien armados, de los tutores de identidad nacional y el espíritu patriótico. Los «rojos» dan la batalla larga, pero al final fueron asesinados, torturados, violados, encarcelados, secuestrados, utilizados como esclavos y / o enviados al exilio durante cuatro décadas.
Al igual que su abuelo Emilio Silva, cientos de miles de las víctimas de semejante represión efectuada por el Estado franquista al final de la guerra siguen postrados en fosas comunes. Desde la exhumación en 2000, sus descendientes y simpatizantes han formado un movimiento creciente de memoria histórica. Al igual que Antígona, que han pedido repetidamente que sea responsabilidad del estado español: nada más la posibilidad de ejercer su voluntad de enterrar debidamente a sus muertos. Al igual que Creonte, el Estado español ha respondido con declaraciones, acciones y leyes que se ríen en la cara de su afirmación ética.
En 2008, el juez español Baltasar Garzón, de fama internacional por haber puesto al dictador chileno Augusto Pinochet en juicio por genocidio en 1998, admitió una serie de demandas presentadas por varias organizaciones de la memoria histórica y las personas que buscan ayuda en la localización y exhumación de los restos de miembros de la familia. Garzón posteriormente abrió la causa penal por primera vez al golpe de 1936 y la dictadura franquista. Llegó a la conclusión de que los generales que provocaron la guerra eran culpables de crímenes de lesa humanidad, y ordenó la exhumación de fosas comunes, diecinueve. Unas semanas más tarde, Garzón se vio obligado a cerrar su caso bajo la presión de otros jueces de la Audiencia Nacional y la oficina del Procurador General. Una vez más, las esperanzas de los familiares fueron aplastadas por el peso de la ley y la insensibilidad del Estado español.
Si la historia terminara aquí, sería otro triste lamento de una larga letanía de agravios históricos para las víctimas de la represión franquista. Pero esta historia, por desgracia, no ha terminado.
Poco después de que Garzón retirara su caso, un grupo de extrema derecha y la Falange, el mismo partido fascista español que mató a su abuelo Emilio Silva y arrojó su cuerpo en una zanja al igual que cientos de miles de otros, presentaron demandas contra Garzón por la apertura del proceso histórico. Para sorpresa de muchos el derecho internacional y las organizaciones de derechos humanos, el Tribunal Supremo admitió las demandas el mayo pasado. Ayer el juez Luciano Varela declaró que Garzón debe ser juzgado. Se enfrenta a la salida de la Audiencia Nacional y el destierro desde el banquillo de doce a veinte años, lo que significaría el final repentino del Garzón ilustre, aunque controvertido por la carrera judicial.
Mientras que Garzón ha sido fuertemente criticado por su autopromoción y tomando el sol en el centro de atención de casos de alto perfil, tales faltas personales son irrelevantes para el caso que nos ocupa. Si el Tribunal Supremo falla a favor del partido fascista y sus asociados -que parece muy posible- será una victoria de gran alcance para el estado de impunidad que caracteriza a la España contemporánea y una pérdida devastadora para aquellos que buscan el acto más mínimo de la justicia para los muertos. También será un golpe significativo a la ley penal internacional, convertir a España en una vergüenza jurídica a los ojos del mundo y desacreditar la integridad de los juristas españoles.
Esto parece bastante malo, pero si se excluye a Garzón también quiere decir que el fascismo se validará como una fuerza política legítima y efectiva en la España democrática. No sólo los familiares de las víctimas de la violencia fascista pierden al juez sólo por la audacia de desafiar la ley de amnistía 1977 la protección de los responsables de exterminio en masa y la represión estatal -una ley considerada ilegal según el derecho internacional- que también se verá obligado a tragarse el hecho de que, en España al menos, la democracia significa que las denuncias fascistas tienen más peso que la carga de aquellos traumatizados por el Estado español durante gran parte del siglo XX.
Diez años en el XXI, el panorama político parece escalofriantemente familiar para aquellos que han sobrevivido o estudiado «justicia» franquista. Una vez más, la fuerza de la ley está siendo utilizada para disciplinar a aquellos que desafían a un orden social profundamente injusto. Pero es más que el castigo simplemente, es una amenaza para aquellos que podrían seguir los pasos de Garzón, y un insulto a todas las Antígonas del mundo. También es la aparición del fascismo, vivo y sano en la soleada España, la cría de su feo rostro detrás de largo, rondando las sombras.
En Madrid, casi se puede oír su voz resonando por todo los sagrados recintos de la justicia: «¡Olé! Alguien pasa la sangría … »
Scott Boehm es un investigador español del proyecto para la memoria de la guerra civil (http://orpheus.ucsd.edu/speccoll / scwmemory /) En UC San Diego, donde es un doctorado candidato en literatura. Su tesis, «Trauma y Transitionism» examina las intersecciones de la cultura, la memoria y la justicia en relación con el exterminio en masa y la represión estatal en España.
¡Es el momento de organizarnos y salir juntos a la calle! Si no ahora, ¿cuando?
http://agenciabarreiroforever.blogspot.com/2010/04/la-verguenza-de-espana-y-el-fantasma.html