DIA NACIONAL DE LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 24 de marzo de 1976. Golpe de Estado y colapso de la república

El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas del último golpe de Estado militar, que un 24 de marzo de 1976, derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, iniciando así una de las más largas noches de la Historia Argentina (VER MÁS).

El siguiente texto, editado de un trabajo realizado por la Secretaría de Educación del Gobierno de Buenos Aires (2005) y por el espacio Memoria Abierta, nos sitúa en el contexto del Golpe y nos relata el entonces colapso de las instituciones republicanas. Para ejercitar la memoria…………

El 24 de marzo de 1976 los sectores organizados de la población y la ciudadanía en general esperaban casi con naturalidad la inminencia de un golpe militar, pues esa había sido desde 1930 la «solución» a las grandes crisis. En este caso, la combinación de todas las crisis posibles -deslegitimación política, caos institucional, inflación descontrolada, pérdida del monopolio estatal de la violencia- hacía más evidente aún que la «salida militar» era la única viable.

Este golpe de Estado se distinguió de los anteriores por la extrema diversidad de diagnósticos que suscitó. Buena parte de la población supuso el 24 de marzo que por fin habría un retorno a la normalidad, mientras otros vieron el anuncio de una verdadera refundación del país. La expectativa de transformación radical de la historia argentina significaba cosas opuestas. Veamos por ejemplo dos casos. Para los jefes militares, se trataba de operar drásticamente sobre la sociedad para «extirpar el cáncer de la subversión» e integrar así definitivamente a la Argentina en el mundo «occidental, cristiano y capitalista». Mientras tanto, algunos líderes revolucionarios sostuvieron que el golpe significaba una «agudización de las contradicciones» dentro de la sociedad, lo cual conduciría a una «aceleración» del proceso revolucionario que llevaría finalmente al socialismo en el país. Para ellos, la asunción de los militares al frente del Estado terminaría con la violencia paramilitar de la Triple A y provocaría un enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, con la consecuente adhesión de éste a su «vanguardia». La dirigencia política, sindical y empresaria, por su parte, apostó del mismo modo que en golpes militares anteriores: esperar a que pase el vendaval inicial, para luego volver a esa mezcla de diálogo y confrontación que caracterizó las relaciones entre los regímenes militares y las élites políticas civiles desde 1930. Se imaginaba que mediante algunos pactos se retornaría, tarde o temprano, a una democracia en la que se respetasen las condiciones exigidas por los militares. Ninguna de esas expectativas se vio confirmada, aunque debieron pasar algunos meses para percatarse de ello.

En la mañana del 24 de marzo, la Junta de Comandantes anunciaba la toma del poder por cadena nacional de radio y televisión. Fundamentaba el golpe en Dios, en el Ser argentino, en la Constitución y en la Democracia Representativa y Republicana. La expresión «Junta» de Comandantes remitía a las jornadas patrias de mayo de 1810. Mediante una serie de comunicados se informó a la población la suspensión de la actividad política y del Congreso, la disolución de los partidos políticos, la suspensión de los derechos laborales de asociación y petición, la intervención de los sindicatos, la destitución de la Corte Suprema de Justicia y la censura de los medios de comunicación, entre sus principales medidas. Los «Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional» eran colocados por encima de la Constitución Nacional. Se trataba del colapso de la República.

Esa misma madrugada, mientras eran arrestados los miembros del gobierno, las Fuerzas Armadas aprovecharon el clima general de pasividad y aceptación para ocupar las sedes de los sindicatos, las principales dependencias estatales y las estaciones de radio y televisión, así como numerosas fábricas. En los grandes establecimientos automotrices, siderúrgicos y metalúrgicos, por ejemplo, los directivos habían elaborado previamente «listas negras» con los nombres de los trabajadores «peligrosos» y las entregaron a las fuerzas de ocupación para deshacerse de ellos. En algunos casos, como en la planta principal de Mercedes Benz, los militares instalaron inmediatamente, con la colaboración de la empresa, un centro de detención dentro de la planta para organizar el secuestro de obreros sospechosos de poseer vínculos con «la subversión». Esto indicaba que uno de los objetivos fundamentales del nuevo gobierno era la resolución violenta de los conflictos laborales en favor de las empresas. La represión al movimiento obrero desde el día mismo del golpe garantizaba la neutralización de un frente de conflicto -los trabajadores- y el apoyo de un sector decisivo -el empresariado-.

La Junta militar estaba integrada por los comandantes en jefe del Ejército (general Jorge R. Videla), la Armada (almirante Emilio E. Massera) y la Fuerza Aérea (brigadier Orlando R. Agosti). Pocos días más tarde, tras arduas negociaciones entre los militares, Videla asumió como Presidente de la República dejando su lugar en la jerarquía del Ejército al general Roberto Viola.

El gabinete de Ministros, así como las Secretarías de Estado y las Subsecretarías, Direcciones y Subdirecciones, fueron integrados, en su mayoría, por militares que debían así adecuarse a un doble organigrama: como funcionarios del Estado y como miembros de las Fuerzas Armadas. Esto trajo rápidamente conflictos de gestión. El Congreso fue disuelto y reemplazado por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) integrada por 9 militares, 3 por cada fuerza. La Junta se reservaba los poderes ejecutivo y legislativo, y por eso la CAL era meramente «asesora». La Corte Suprema de Justicia fue removida y en su lugar se designó a una serie de juristas afines al nuevo régimen. Los gobernadores de las provincias fueron también militares, así como buena parte de los intendentes, aunque muchos de ellos supieron ganarse el apoyo militar para conservar su puesto, fundamentalmente de partidos conservadores del interior, radicales y, en menor número, peronistas. Las Fuerzas Armadas habían sido depuradas, antes del golpe, de todos sus miembros que no apoyaban los planes y métodos de gobierno de la jerarquía militar. Del mismo modo, el día del golpe comenzó una depuración de funcionarios contrarios al régimen en todo el aparato estatal: desde directores de hospitales y de escuelas hasta jefes de policía, los que no fueron removidos debieron cuidarse de hacer explícitas sus diferencias con el nuevo gobierno.

El establishment económico reaccionó positivamente ante el golpe que había contribuido a gestar, particularmente ante la designación de un civil, José A. Martínez de Hoz como ministro de economía. Perteneciente ideológica y familiarmente a los sectores económicamente más poderosos de la Argentina, Martínez de Hoz se propuso inicialmente disminuir la inflación y modificar el perfil de la estructura económica argentina, de manera de crear las condiciones para un sistema liberal, abierto a la economía mundial y orientado por el sector privado.

José Alfredo Martínez de Hoz

En abril de 1976, Martínez de Hoz logró aquietar el caos económico mediante dos medidas: congeló los salarios, que perdieron en tres meses un 40 % de su poder adquisitivo, y comenzó una apertura del comercio exterior. Esta combinación de medidas heterodoxas y ortodoxas revelan que lo que guiaba a Martínez de Hoz no era tanto una doctrina económica, sino el objetivo de reafirmar el poder de las grandes empresas locales y del sistema financiero en la economía argentina. Esto implicaba la desindustrialización y el endeudamiento del país y desplazar del centro de la escena al movimiento obrero.

Mientras tanto, el redoblado avance de la represión desde la misma madrugada del golpe silenció a la oposición al régimen. Esto motivó el repliegue del activismo laboral, estudiantil, barrial y religioso. Quienes conocían la peligrosidad de oponerse a los militares en el poder, optaron por el bajo perfil, a la espera de una nueva coyuntura para retomar las actividades. Pero no calculaban el alcance del sistema represivo que acababa de ponerse en marcha.

Adaptado de: «de memoria». Testimonios, textos y otras fuentes sobre el terrorismo de Estado en Argentina. Gobierno de Buenos Aires, Memoria Abierta, Página 12. Volumen 2, «24 de marzo de 1976. El golpe y el terrorismo de Estado».

IMÁGENES:

http://elgolpemilitar.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

http://www.baraderoteinforma.com.ar/2009/03/23/para-no-olvidar-el-primer-ano-del-proceso-militar/