El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Derrocaron a María Estela Martínez, presidenta constitucional desde julio de 1974 tras la muerte de su esposo y presidente, Juan Domingo Perón, con quien en 1973 había compartido la fórmula en calidad de vicepresidenta. Así la Junta Militar se erigió como máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno, y designar y reemplazar a la presidenta y a todos los otros funcionarios. El golpe fue recibido con aceptación, pasividad, indiferencia y hasta naturalidad por amplios sectores de la sociedad, ya que estos no eran una novedad en la historia nacional: se trataba del sexto golpe militar en el siglo, pero éste tendría características inéditas. La violencia política ejercida desde el Estado contra todo actor que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder fue una característica recurrente en la historia argentina. Sin embargo, la expresión “terrorismo de Estado” sólo se utiliza para hacer referencia al último de ellos.
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional implicó un “salto cualitativo” con respecto a los otros golpes militares, porque la dictadura de 1976 hizo uso de un particular ejercicio de la violencia política: la diseminación del terror en todo el cuerpo social. Además, lo que singularizó a la última dictadura fue un hecho que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas. Esto es: ciudadanos que resultaron víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención desplegados a lo largo de todo el país, cuyos cuerpos no fueron entregados a sus deudos. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad, de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida. Llegó inclusive a robar la identidad a los hijos de sus víctimas, apropiándose de ellos y asesinando a sus padres Para desarrollar este modelo represivo, el Estado actuó en forma ilegal y clandestina: dividió el país en zonas operativas para organizar la represión, instalaciones públicas y privadas fueron transformadas en centros clandestinos de detención, mientras que a partir del golpe la dictadura dictó una serie de medidas que consolidaban un estado de excepción que les otorgaba la suma del poder público: disolución de los partidos políticos y sindicatos, prohibición de la actividad política y cesantías en los cargos, entre otras medidas. De este modo, un Estado ilegal y subterráneo convivía y se retroalimentaba con lo que había quedado del legal. Así, por ejemplo, las presentaciones de habeas corpus (una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias) no eran consideradas por las autoridades militares o policiales, lo que a su vez bastaba para que las autoridades judiciales denegaran el pedido de los ciudadanos. La dictadura invadía con su violencia y arbitrariedad todos los planos de la vida cotidiana.
La puesta en marcha de los centros clandestinos de detención según sostiene la politóloga argentina Pilar Calveiro en su libro Poder y desaparición, se explica por el desarrollo de una cruel “pedagogía” que tenía a toda la sociedad como destinataria de un único mensaje: el miedo, la parálisis y la ruptura del lazo social. El miedo se diseminaba desde los centros clandestinos de detención por todo el tejido social.
Los alcances y las formas de la represión estuvieron directamente relacionadas con la voluntad de un profundo e irreversible disciplinamiento puesto en marcha a partir del vínculo que las Fuerzas Armadas establecieron con sectores económicos y sociales afines. Más estratégicamente, el golpe militar y los sectores que lo acompañaron buscaron la reestructuración económica y social de la Argentina. Para ello, debía desaparecer el modelo de Estado intervencionista que había caracterizado la política argentina desde la década de 1930, y que alcanzó su momento de mayor equidad distributiva durante el primer peronismo. En la visión de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, el “mercado” regularía la economía, el “libre juego de la oferta y la demanda” era el instrumento más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. La pequeña y mediana industria fue desmantelada en beneficio de los sectores agroexportadores e industriales organizados en torno a los grandes grupos económicos. Se eliminaron las medidas protectoras a la industria nacional, afectándola gravemente frente a los productos importados. Predominó la valorización del capital financiero por sobre el capital productivo, abriéndose un proceso de fuerte especulación financiera. La reestructuración económica fue acompañada por las políticas represivas dirigidas sobre la clase obrera y sus organizaciones sindicales.
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Educación y Memoria.
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