Dos interesantísimos artículos me han llegado de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique referidos al actual auge de las economías extractivas en América Latina. comparto con ustedes sus principales conceptos.
En la última década, un nuevo consenso se ha extendido entre los gobiernos latinoamericanos. El eje de la economía ha pasado de la valorización financiera a la exportación de bienes primarios a gran escala. Para Maristella Svampa[1], este proceso acentúa la reprimarización de la economía y la desposesión social, y amenaza a las democracias. ¿Cómo y Por qué?
América Latina pasó del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo)y biocombustibles[2], con escaso valor agregado.
Según la Comisiónde las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76% de las exportaciones de la Unasur, contra sólo el 34% del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron el 7% y el 25%, respectivamente [3]. A su vez, el efecto de reprimarización se ve agravado por el ingreso de China, país que con su demanda acelerada de materias primas va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región.
Svampa afirma que el CC profundiza el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores principales. Los críticos de este modelo apuntan a la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista, el cual suele ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos.
José Natanson[4] define como extractivistas a aquellas actividades económicas que remueven grandes volúmenes de recursos que no son procesados (o que lo son muy limitadamente) y que se destinan sobre todo a la exportación. Así, los países latinoamericanos seguirían “adaptándose” a la división del trabajo mundial, como a mediados del siglo XIX, en el marco de la segunda revolución industrial. Parecería entonces que los une el destino de ser “exportadores de naturaleza”.
Natanson agrega que quienes critican a las políticas económicas extractivistas es porque las asocian indefectiblemente al concepto de rentismo, entendiendo por tal al tipo de economía que depende básicamente de la generosidad de la madre naturaleza. Al depender de los hallazgos en el subsuelo, de la fertilidad de la tierra, del régimen de lluvias (entre otros factores azarosos), las economías rentistas ahogan la capacidad de innovación, el riesgo empresarial y el esfuerzo individual. Y aquí cita a la politóloga estadounidense Terry Lynn Karl, quien desarrolla la tesis de “la paradoja de la abundancia”, según la cual aquellos países con una dotación extraordinaria de recursos naturales tienen mayores dificultades para lograr un crecimiento económico sostenido, mejorar la equidad social y evitar la inestabilidad política. En suma, son menos desarrollados.
Si bien esto es rigurosamente cierto en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, como el caso australiano o el de Nueva Zelanda, país que con el 49% de exportaciones extractivas esta al frente de muchas estadísticas de bienestar. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es el valor agregado, que es altísimo.
Se desestructuran así las economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana. Ejemplos abundan. ¿Algunos de ellos? La megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética, la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), y la lista sigue. A su vez, estas políticas conllevan el enfrentamiento desigual entre gobiernos y corporaciones versus comunidades y asociaciones de vecinos. Hoy, no hay país en Latinoamérica que no esté atravesando conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras a gran escala y las comunidades a las que perjudican[5]; como así también se manifiestan conflictos ligados a la expansión de la frontera sojera, afectando a pueblos originarios que pierden sus ancestrales tierras (como sucede en Argentina con la comunidad Qom, en Formosa, que contabiliza 6 muertos desde noviembre de 2010).
Por otra parte, esta nueva etapa comparte con la anterior, el discurso de la “inevitabilidad”, según el cual, la actual política extractivista es producto de la creciente demanda global de bienes primarios. Así, tal como sucedía en los años 1990, el discurso dominante es que “no hay otra alternativa”.
[1] “El consenso de los commodities”, Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, Nº 168, junio de 2013. Socióloga y escritora, investigadora del CONICET y profesora dela Universidad Nacional deLa Plata (UNLP).
[2] Utilizamos aquí el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento.
[4] “Un poco de realismo político”, Le Monde Diplomatique, edición Nº 168, junio de 2013.
[5] Por ejemplo, en Argentina, luego de diez años de conflictos en diferentes provincias, invisibilizados por el oficialismo progresista, el levantamiento popular de Famatina, en enero de 2012, logró romper con el encapsulamiento y colocar en la agenda nacional la megaminería. Sin embargo, luego de que el gobierno nacional hiciera explícito su apoyo a dicha actividad, volvió a operarse el re-encapsulamiento de la problemática minera a la lógica criminalizadora de las provincias, seguido de una oleada represiva que tuvo su récord en Catamarca (siete represiones en 2012), e incluyó recientemente –el 11 de mayo pasado– una represión en Famatina.